¿Protección al menor, qué protección?

Menores vendiendo en las calles 1¿Qué harías si llegando a tu casa te encuentras que tu hija de 14 años ha desaparecido? ¿Y cual sería tu reacción si alguien te dijera que la vieron ir por la calle con un hombre? En cualquier país que se precie de tener leyes y un sistema judicial y policial que funcionen con cierta eficacia, y para todos, una notificación de este género hecha a las autoridades daría comienzo a una búsqueda inmediata. ¡Ha desaparecido una menor de edad! Puede que simplemente se haya fugado de casa o puede que no, eso ya se verá, pero debe iniciarse una alerta inmediata. Pero si, además, existen testigos que indiquen que vieron a esa menor acompañada de un hombre, la situación se agrava. Un adulto al que, sin la debida autorización, se le encuentre reteniendo a un menor que ha desaparecido de su casa, no podrá alegar en su favor que hubo consentimiento por parte del menor. De entrada se tipificará como presunción del delito de rapto. Pero en Venezuela las cosas no son así. Trataré de resumir la dolorosa y amarga experiencia por la que esa madre pasó, y la dejadez y apatía total del organismo especial del Estado que está llamado a la supuesta protección del niño y del adolescente.

En 1998 fue aprobado en Venezuela un sistema de protección a los menores mediante una ley con rango orgánico, la denominada Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) que sustituyó la Ley Tutelar de Menores. Entre otras “grandes novedades” eliminó la anterior clasificación genérica de “menores” que la otra ley hacía y, además, se apartó de la clasificación general de “niño” que utiliza la Convención Internacional de los Derechos del Niño para designar a todo menor de edad. Este nuevo modelo legal estableció una diferencia entre “niño” y “adolescente”. La LOPNA indica que debe entenderse por niño a toda persona menor de 12 años de edad, y por adolescente a toda persona mayor de doce y menor de 18 años de edad. Para que operase ese sistema de protección fueron creados varios organismos especiales. En la vía administrativa están: los Consejos de Derecho, creados para proteger sus derechos difusos y colectivos; y los Consejos de Protección del Niño y el Adolescente, que funcionan a nivel municipal y que, en principio, se ocupan de imponer medidas de protección cuando los derechos de un niño o de un adolescente hayan sido violados de forma individual. En la vía judicial opera el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.

Hasta aquí es la teoría, la letra impresa de la ley plasmando la intención del legislador. ¿Pero qué hay en la práctica cuando se presenta un hecho tan grave como el supuesto rapto ―o por lo menos la segura desaparición―de una menor de edad, una adolescente?

La madre a que me he referido, trabajadora de condición humilde, vive en un barrio marginal de la ciudad de Barcelona. Según ella refirió, acostumbrada a realizar para sus hijos tramites diversos en las oficinas del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, ―comúnmente conocidas como oficinas de la LOPNA, ― ese día jueves, en cuanto supo lo ocurrido corrió al Consejo correspondiente a su municipio y puso su angustiada denuncia. ¿Cuál creéis que fue la respuesta del funcionario que la atendió?

“Vuelva la semana que viene, porque tenemos muchos casos que atender

Sí, amiga lectora, amigo lector. Ya me imagino lo que estáis pensando que hubierais hecho de estar en su lugar y recibir tal espeluznante respuesta. Quizás yo hubiera hecho lo mismo que pensáis. Pero el caso fue que, esta humilde mujer, ante la inutilidad de sus esfuerzos, no atinó sino a devolverse para su casa y esperar al lunes para regresar a poner su denuncia. ¿Qué ocurrió esa vez?

Lo más probable es que tú que lees esto pienses que, en esa oficina, informaron a la policía para, aunque con 5 días de retardo, comenzaran la búsqueda de la menor ―perdón, de la adolescente― Pero no fue así. Esta vez se dignaron tomar la declaración de la mujer, eso sí. Ella les informó que, según algunos testigos, su hija fue vista saliendo del barrio en compañía de un hombre del que, según alguien que dijo haberlo reconocido, se decía que era un drogadicto. Entonces, el funcionario del Consejo de Protección, con la misma indiferencia que si solicitara la presentación de una partida de nacimiento, pidió a la mujer que proporcionara el nombre y el domicilio del hombre con el que supuestamente había sido vista su hija, PARA ENVIARLE A ELLA UNA CITACION a fin de que compareciera a declarar.

¿Qué, no sales de tu asombro? Yo tampoco, y eso que llevo semanas tratando de digerirlo. En suma, según esto, debemos inferir que, en Venezuela, si tu hijo desaparece, eres tú quien tiene que hacer el trabajo de investigación para proporcionar a las autoridades los datos filiatorios y la dirección de la persona con la que está, ―o que la tiene en su poder―. De esta manera, muy amablemente, ellas podrán enviarle una boleta de citación A LA MENOR para que, si le viene bien, se presente a declarar y alegue si fue raptada o si consintió. Todo muy civilizado, no sea que, al supuesto raptor, se le violen los derechos humanos. Porque, en principio, para estos funcionarios, no habiendo pruebas fehacientes de que hubiese sido un rapto, anteponen la presunción de que el adolescente se fue por su propia voluntad.

Por supuesto que la madre no tenía ni idea de quien era la persona que se la llevó ―o con la que su hija se fue, que para el momento aún no estaba claro el particular― ni mucho menos sabía en donde vivía. Ante su reclamo, ahora sí que indignada, el funcionario encargado de tomar su declaración, le informó que lo único que allí podían hacer era enviarle tres citaciones a la menor para que se presentara, y para eso ella debía indicar su paradero. Es decir, ellos ni siquiera se tomaban el trabajo de notificar a la policía. La desesperada madre salió de allí y fue a poner su denuncia en la Comisaría más cercana. Días más tarde volvió por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, solamente para que le dijeran que “mejor dejaba las cosas así”, que ya había hecho suficiente con poner la denuncia.

Esto es lo que, en la práctica, parece entenderse en Venezuela por protección al niño y al adolescente. Yo me pregunto. ¿Qué mayor delito que el rapto de una menor? ―Y digo rapto porque esta es la hipótesis que debiera manejarse si no consta lo contrario― Pero bueno, concedo que, para evitar hacer juicios previos en un asunto tan delicado como este, podemos dejarlo en el simple calificativo de desaparición. En cualquier caso, y fuere cual fuere la hipótesis o presunción que se desee manejar, el hecho es que , si el ejemplo que he narrado fuese la muestra de la normativa procedimental que se sigue, entonces el asunto se trata como un trámite administrativo cualquiera, como si fueras a sacar un permiso de viaje, una fe de vida o una constancia de buena conducta. ¿Quieren saber a donde se fue a quejar esa madre por el trato recibido? ¿A dónde creen que podía ir a quejarse, en un país cuyos dirigentes proclaman que se trata del modelo social más perfecto que haya parido la historia de la humanidad? ¿Que si esa madre encontró a su hija? Semanas más tarde supo que estaba embarazada.

Esta “extraordinaria” Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, basada principalmente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) cambió la anterior doctrina de la llamada Situación Irregular, por la que los niños no eran considerados sujetos de pleno derecho, sino objeto de tutela por parte del Estado, representado por el Juez de Menores. Ahora rige la llamada doctrina de la Protección Integral, en la que se reconoce que todo menor de edad es un sujeto de pleno derecho, cuyo respeto se debe garantizar. Así, bajo este marco jurídico, a todo menor se le reconocen derechos subjetivos tales como: el derecho a la vida, a la libertad de opinión, a la participación y libre asociación; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a ser oído, a la integridad personal, a ser protegido contra abuso y explotación sexual, y otros derechos más.

El espíritu de esta ley es muy loable, y la letra es casi una maravilla, si solamente se analiza por encima. En la práctica de casos como el descrito, resulta una abominación, como al final parece suceder con casi todo en este país caribeño, que hace muchos años cambió la exportación de café y bananas por la de petróleo, y que ahora pretende exportar revoluciones sociales modelo. Sin embargo, lo que es a mi, como ciudadano común hay cosas que no terminan de entrarme en la cabeza con respecto a esta ley, y que, como abogado, no termino de justificar. Por ejemplo, el artículo 259 dice que:

“Quién realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de uno a tres años (…)”

Pero el siguiente artículo marca una diferencia importante para los adolescentes, al establecer que:

“Quien realice actos sexuales con adolescentes, contra su consentimiento, o participe en ellos será penado conforme al artículo anterior

¡Cristo bendito! Esto me produce escalofríos. Tú que estas leyendo este artículo, ¿crees que, por más que una ley lo reconozca como sujeto de derechos, tu hijo o hija de 12, 13 ó 14 años… puede tener un grado de juicio tal como para dar su consentimiento a fin de tener relaciones sexuales con alguien, menor o mayor de edad, o para irse de la casa a vivir con un adulto, o para decidir tener un hijo?

¿Estas pegando el grito en el cielo? No es para menos.

Esta ley orgánica también regula las condiciones laborales de los menores, estableciendo en 14 años la edad mínima para el trabajo. Para que un adolescente pueda efectuar trabajos teniendo una edad menor que esa, requiere de la aprobación del Consejo de Protección. Pero todo esto sigue siendo la teoría, el espíritu de la ley. Menores vendiendo en las calles 2En la práctica, la ley parece aplicarse solamente a aquellos padres que tratan que su hijo adolescente entre como aprendiz o trabajador en alguna empresa debidamente constituida. En ella le pedirán que presente el permiso de trabajo del adolescente, ya que, según esta ley, para poder trabajar, todos deben inscribirse en el Registro de Adolescentes Trabajadores que, a tal efecto, llevará el Consejo de Protección, y luego sacar una credencial ad-hoc en la Inspectoría de Trabajo. No tienen idea de cuantos trámites implica eso.

El artículo 4º de la misma ley establece las obligaciones generales del Estado, cuando preceptúa que “El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías

Sin embargo, las calles están llenas de centenares de menores realizando cualquier clase de actividades no controladas y sin registro, credencial, ni control de ningún tipo por parte del Estado. Además, con peligro de sus vidas y constituyendo una responsabilidad adicional para los conductores. anciana en silla de ruedas vendiendoPorque ya se han salido de las aceras y, ahora, en muchos de los semáforos de las principales intersecciones, en medio mismo de las calles, e incluso en las autopistas durante las horas de retenciones de transito, entre las docenas de buhoneros ambulantes, ―incluyendo ancianas en sillas de ruedas― pueden observarse adolescentes y hasta niños, vendiendo cualquier cosa, haciendo actos de malabarismo, tratando de limpiarte el parabrisas del auto o simplemente mendigando. ¿Y qué hace el Consejo de Protección? Pues yo no he visto que haga algo. Es más, en una oportunidad, preocupado por esta situación, siendo la directora de uno de los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente una abogada que fue profesora mía de Derecho Civil, le comenté este particular. La respuesta fue que estaban conscientes del problema, y de la responsabilidad que esos niños en medio de la vía pública significaban para los conductores, si acaso llegaban a arrollar a alguno de ellos, pero que, de momento no tenían ninguna forma para solucionarlo.

¿Parece increíble? Quizás lo sea para los norteamericanos, o para los suizos, noruegos, daneses u otros, pero no para los venezolanos. Si pareciera que estamos en el país de las mil y una risas. ¡Claro, no podía ser de otra forma! Aquí, las leyes parecen estar hechas solamente para algunos. Cualquiera puede ir por las barriadas y ver en las calles los empotramientos clandestinos a la red de agua potable, y en los postes del tendido eléctrico las marañas de cables ilegales conectados directamente, sin medidor alguno. Pero ninguna autoridad osará reclamarles por los servicios que se roban. Saben que ponerles multas no sirve de nada, porque no las pagan, y que quitarles la conexión significa que la volverán a colocar en cuanto se vayan, y que si los presionan mucho se exponen a ser agredidos por la turba enardecida, que alega su derecho a no pagar porque son pobres. ―Claro que siempre tendrán dinero para tomarse un par de cajas de cerveza o varias botellas de ron los fines de semana. ― Por eso, las autoridades competentes prefieren ver en qué forma aumentar las tarifas a los que sí pagamos por esos mismos servicios, y nos hostigan pasándonos inspecciones a los medidores y viendo si el consumo indicado en los mismos concuerda con el que ellos estiman.

¡Pero qué buena broma nos echó ese burro! Con una modernísima y avanzadísima Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, las autoridades llamadas por la ley para velar por su cumplimiento, alegan no estar en capacidad para lograr que los padres de estos adolescentes callejeros cumplan con el requisito del registro y control que marca la ley. Tampoco lo están para intimarlos a que retiren de las calles a los niños, que se suponen deben estar en el colegio, ya que, en Venezuela, la educación es gratuita y obligatoria, según el Estado proclama por todo el mundo. El socorrido y vacuo alegato justificativo de siempre, para ocultar la incapacidad de control, es que se trata de familias muy pobres. Yo siempre había pensado que la riqueza era la encubridora de los grandes abusos legales, pero ahora resulta que es la pobreza.

¿Protección eficaz en Venezuela para los niños y los adolescentes? ¡Vamos hombre, no intenten hacerme reír porque no le encuentro la gracia! Con razón se afirma que el Derecho es perfecto, las imperfectas pueden serlo las leyes. Sin embargo, de poco sirve la ley sustantiva más perfecta si la adjetiva es defectuosa, o si los encargados de aplicarla y hacerla cumplir no lo hacen. En Venezuela los llamados “niños de la calle” siguen aumentando en cantidad alarmante, sin que parezca haber forma de solucionarlo, pero sí que hay petróleo, asfalto y recursos naturales de sobra para que el presidente regale a otros países. Estas son las cosas que me borran la sonrisa por más que me esfuerce en guardar las apariencias.

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