Todos hemos escuchado a los narradores de noticia referirse al «presunto asesino» o al «presunto ladrón». Esto obedece a que, aunque se lo haya agarrado infraganti, descuartizando a la víctima, es inocente mientras no reciba una sentencia judicial de culpabilidad. ¿En donde está, entonces, la aplicación de ese principio de inocencia para todos los ciudadanos que compran un CD o DVD, una unidad grabadora, un reproductor de PM3 o una modem ADSL, y que nos aplican el llamado canon de compensación por copia privada en soporte digital?
Hasta el código de la que fuera la temible Inquisición pareciera que fue mejor en ese sentido. Por lo menos, para ellos todos los «acusados» eran culpables, a menos que probaran su inocencia, probatoria de la que solía ser imposible salir con vida.
Pero, para la SGAE y los lúcidos parlamentarios que aprobaron la inclusión del canon en la Ley de Propiedad Intelectual, todos, absolutamente todos los que compren y/o tengan un ordenador, y/o acceso a Internet a través de ADSL, y bastantes otras cosas, son culpables del delito de robo. Y aunque no lo tengas, eres culpable tan solo con comprar un soporte óptico (CD, DVD) para almacenaje de datos. En otras palabras, con estos inquisidores no es posible salir vivo. Parece imposible librarse del pago del canon, porque no admiten pruebas en contra de tu supuesta culpabilidad; o en otras palabras, no admite pruebas de tu inocencia.
No habrán acusaciones a personas concretas, ni tampoco habrá juicio. Ante la imposibilidad de la vigilancia, seguimiento y detección de culpables, por un absurdo sentido de la comodidad, las maniobras de la rama inquisitorial de la SGAE lograron que la acusación sea general: Todos los ciudadanos violan la Ley y son unos ladrones. La sentencia ya está dada: Todos son culpables. Y la pena está impuesta de antemano: Todos los que compren deben pagar el canon.
Ya se desarrollan instrumentos capaces de captar lo que una persona está pensando, y hasta sus intenciones. Quizás no lleguemos al extremo expuesto en la película Minority Report; pero la SGAE, en la voracidad que la da su celo protector, puede adelantarse y lograr que, los mismo necios que le aprobaron todo lo anterior, también le aprueben la presunción de que, cada individuo, por el simple hecho de poder tararear una canción o cantarla bajo la ducha, o de recordar los pasajes de algún libro, pague también una canon anual por sus pensamientos. Quiás fuese un alivio para mí, pues así terminaría la culpa que siento cuando rememoro las escenas de alguna buena película sin pagar nuevamente la entrada, pues pienso que estoy dejando sin el pan a los hijos de los autores.
¡Qué cosas del Viejo Mundo! En los Estados Unidos existen escritorios de abogados que se han hecho millonarios, especializados en demandas ejerciendo la representación de los intereses difusos y colectivos de los consumidores, en una multiplicidad de casos. En España, me parece que esos abogados lo tendrían de «anteojito» con el caso del canon. Poco importa que esté aprobado en una ley.
Se han recogido más de un millón de firmas en contra de la aplicación del canon digital. Yo soy algo escéptico con estas cosas. ¿Las firmas y las protestas sirvieron de algo contra la participación española en la invasión a Irak? Pero quizás el esfuerzo no se ha perdido y algo se ha logrado. No se si es por causa directa de las firmas, pero, por lo menos, al parecer, se ha logrado forzar la prórroga a la aplicación de ese canon.
Mis artículos sobre este tema:
La SGAE tiene razón
La SGAE y el canon sobre los CD y DVD
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Forzándole la prórroga al canon.
