Urbanismo ilegal y demoliciones de viviendas

En principio, todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

También, en principio, las leyes se hacen para proteger a los ciudadanos.

Pero tales principios parecieran no aplicarse a la construcción de viviendas y a las frecuentes decisiones judiciales para su demolición, bien fuere por estar construidas ilegalmente, o en zonas protegidas, o en zonas no urbanizables, o incursas en cualquier otra irregularidad significativa.

El caos en la construcción de viviendas en España resulta ya verdaderamente alarmante. Máxime cuando se tiende a creer que es un país desarrollado que cuenta con sólidas leyes urbanísticas. Pero parece que esa impresión es totalmente falsa. La realidad palpables es que, los ciudadanos que compran una vivienda, se encuentran totalmente indefensos ante la voracidad, la falta de escrúpulos y la impunidad con que actúan demasiados constructores, muchas veces amparados por alcaldes y concejales más inescrupulosos aun.

Son miles los compradores que se encuentran con viviendas nuevas llenas de carencias con respecto a lo planificado, o con defectos o irregularidades constructivas que las hacen hasta inhabitables. ¿Y cual es el camino que le queda al comprador? Pues realizar un inventario de las fallas que detecte durante la entrega, y reclamar a la constructora, quien, con demasiada frecuencia, no hace el menor caso, o comienza un proceso de tácticas dilatorias sin fin.

¿Acudir a los tribunales? Pues sí, es la vía establecida por el ordenamiento jurídico, si acaso tienes dinero para pagar los abogados, y estás dispuesto a esperar los años que tardan las sentencias. En España no existe una inspección técnica «oficial» una vez finalizada la obra, y previa a la entrega, para concederle a cada vivienda el certificado de habitabilidad, sin el cual no se podría venderla ni entregada. Eso sí que los obligaría a ocuparse en construir mejor.

Algunas constructoras se muestran muy bien dispuestas a devolverte el dinero que pagaste. Por supuesto, es otro negocio más para ellas. Te devuelven lo mismo que pagaste, es decir, te recompran al mismo precio a que te vendieron el piso o la casa dos o tres años atrás, no al valor del momento de la recompra. Así, después de hacerle algunos de los arreglos más evidentes, la constructora la vuelve a vender al precio del mercado actual, muchos miles de euros más cara. De esa forma se burlan dos veces de los compradores. Trabajaron con tu dinero, el cual te devuelven sin pagarte intereses ni beneficio alguno.

El caso de las irregularidades urbanísticas en Marbella ha sido, quizás, el más publicitado. Pero viendo las noticias constantes, nos damos cuenta que ningún rincón de la geografía española está a salvo. Y en los tribunales no se puede confiar. Se dice que la justicia debe ser oportuna y eficaz. Pero las decisiones judiciales tardías ni son justicia ni son oportunas. Pero si, además de tardía, una sentencia judicial es desproporcionada, pues peor aún, puesto que tampoco será eficaz. Y se considera que existe desproporción cuando una de las partes resulta perjudicada mientras la otra es la única que se beneficia.

¿Es justicia una sentencia que, diez o doce años más tarde, ordene la demolición de un edificio residencial, bien fuere por estar construido en una zona declarada protegida, o no urbanizable, o sin los permisos necesarios, dejando en la calle a todos los propietarios? ¿Qué culpa pueden tener ellos de que, por ejemplo, para permitir la construcción, el Ayuntamiento, en oculta connivencia con los constructores, hubiera cambiado la zonificación a una zona, declarándola urbanizable cuando no lo era, y luego los tribunales lo anulen? ¿Quién indemniza a esos propietarios así afectados? ¿El Gobierno central, el Municipio responsable o los constructores? La respuesta es: nadie. Terminan siendo estafados por todos: los constructores, los tribunales y la Administración Pública.

Los constructores no serán sancionados, porque quizás ni existan ya para ese momento, por haberse disuelto la sociedad que edificó. La responsabilidad de los alcaldes y concejales termina limitándose a la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos o, en el peor de los casos, algunos pocos años de cárcel. A los jueces que dictaron la sentencia tan desproporcionada y perjudicial para una de las partes, no les quitará el sueño, porque se apegaron al texto de la ley, y tienen otros muchos casos de que ocuparse. Y los organismos y entes públicos, que pudieran fiscalizar la buena ejecución de las obras en protección de los futuros compradores, se lavan las manos porque la legislación vigente no los obliga a realizar inspecciones de calidad y cumplimiento, previas a las entregas de obras nuevas.

Y considero adecuada la calificación que hago de sentencias «desproporcionadas» porque, en definitiva, se hace evidente que los únicos perjudicados con las demoliciones son los propietarios, que han pagado por el piso en el que viven, que se han hipotecado por 30, 40 ó 50 años, y que deben seguir pagando sus hipotecas al banco, a quien tampoco le interesan demasiado las circunstancias. Esos propietarios son los únicos que salen burlados y perjudicados, porque terminan perdiendo la vivienda y sin la posibilidad económica de comprarse otra, mientras los verdaderos culpables siguen libres, disfrutando de los beneficios económicos obtenidos y, probablemente, también estén construyendo otras viviendas de mala calidad o en situación irregular.

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