Estamos en ese mal mes en que Hacienda salda cuentas con los congribuyentes y, por lo que pareciera, intenta ponerlas a su favor. Es el mes en que coloca sus recolectores especiales por todas partes. Es el mes de pasar el cepillo.
Si digo que pone las cuentas a su favor es porque, en España, uno de cada tres borradores de la declaración de la renta de las personas físicas, que la Agencia Tributaria envía ya elaborados para su aprobación por los contribuyentes, tienen errores. En favor de Hacienda, por supuesto.
En unas conversaciones entre guitarras y fractales, mi amigo Germán, trabajador por cuenta ajena, me contaba que su borrador de rentas de este año indicaba que tenía que pagar 490 euros, adicionales a todo lo que ya le habían retenido durante el año. Como le pareció totalmente absurdo pidió cita y se personó en la Agencia Tributaria con su portafolios. Al final, resulta que para Hacienda él ya no tenía esposa bajo comunidad de bienes. La hija quinceañera había pasado a tener veinticinco años; el hijo de cinco había desaparecido misteriosamente junto con la hipoteca, sin que su Banco la hubiera cancelado. Entre pitos y flautas, la realidad final fue que, una vez realizado el cálculo, pero de la forma en que tenía que ser, Hacienda tenía que devolverle 750 euros. Lo loco del asunto fue que, en el anexo que le enviaron junto al borrador de la declaración de rentas, todos los datos de los hijos y situación familiar sí que estaban correctos, pero en la declaración no.
En los años de la década de los 60 en que estudié en el Colegio Santo Domingo, en Oviedo, formamos un cuarteto, un pequeño y modesto grupo musical, si acaso podría llamarse así en justicia, del que discutimos mucho el nombre. Nuestro sentido del humor se encontró bastante indeciso para elegir entre Los burros negros o The King Boys.

Ya no sé que voy a hacer desde que los tribunales han dictaminado que decirle a alguien que es un hijo de puta ya no es una injuria. Al parecer se asume que no estás haciendo alusión a una condición de su madre, sino que se trata de un término coloquial, una simple degradación social del lenguaje. O así lo calificó un juez. Vamos, como si estuviéramos en Argentina. Por eso, 









