En principio, todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
También, en principio, las leyes se hacen para proteger a los ciudadanos.
Pero tales principios parecieran no aplicarse a la construcción de viviendas y a las frecuentes decisiones judiciales para su demolición, bien fuere por estar construidas ilegalmente, o en zonas protegidas, o en zonas no urbanizables, o incursas en cualquier otra irregularidad significativa.
El caos en la construcción de viviendas en España resulta ya verdaderamente alarmante. Máxime cuando se tiende a creer que es un país desarrollado que cuenta con sólidas leyes urbanísticas. Pero parece que esa impresión es totalmente falsa. La realidad palpables es que, los ciudadanos que compran una vivienda, se encuentran totalmente indefensos ante la voracidad, la falta de escrúpulos y la impunidad con que actúan demasiados constructores, muchas veces amparados por alcaldes y concejales más inescrupulosos aun.
